La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) inició el desmonte de 22 mil hectáreas en la región de la Chiquitania para beneficiar a 47 productores ganaderos y pretende cerrar este año con 40 mil hectáreas.
El gerente general de Fegasacruz, Javier Landívar, explicó que según la Agenda Patriótica 2025 y lo acordado en la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, se tenía previsto realizar el desmonte de 100 mil hectáreas para potenciar el sector ganadero.
Explicó que el principal problema que afrontaban era el trámite burocrático con la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), pero el nuevo director de esa institución y excandidato a la Alcaldía de Trinidad por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolf Köhler, “agilizó” los trámites.
La Ley 337 ampara los desmontes; sin embargo, según la especialista Alicia Tejada, la normativa para el saneamiento no tomó en cuenta los impactos ambientales y socioeconómicos que dejará la deforestación de la zona.
Durante la gestión 2014, la ABT autorizó 6.192 planes de desmonte (PDM), es decir, 81 por ciento más que los aprobados en 2013, según la rendición de cuentas de esa institución.
A pesar del dato, Landívar manifestó que este año sólo se podrán concretar los permisos para 40 mil hectáreas y que eso significa que tendrán que aprovechar la siguiente gestión más para realizar el trabajo.
Explicó que cada productor cuenta con un cronograma para el desmonte que debe cumplirse con rigidez porque solo pueden aprovechar la época seca y debe concluir hasta antes de septiembre para que, a partir de noviembre, procedan con el sembrado de pasto que les permita pensar en traer ganado para febrero de 2016, “en el mejor de los casos”.
En base a las conclusiones de la mesa dos de la Cumbre Agropecuaria, el potenciamiento de la ganadería en Santa Cruz hacia 2020 apunta a habilitar 300.000 nuevas hectáreas en la Chiquitania y 200.000 en el Chaco.
Conocida como Ley de Desmontes, la Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques justifica el desmonte para el incremento de la producción de alimentos y el beneficio al pequeño productor.
El desmonte se define en esa ley como “el corte y desalojo de la vegetación abusiva y arbórea, realizado en forma mecanizada y manual con el propósito de limpiar una superficie de tierra para dedicarla a sus agropecuarios, infraestructura caminera, petrolera y otros usos diversos”.
La Ley 337, aprobada en enero de 2010, permite sanear predios con desmontes realizados sin autorización entre 1997 y 201, y obliga a los propietarios a cumplir un programa.
Según el análisis del investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Pablo Villegas, los menos beneficiados son los pequeños productores pues los desmontes realizados por ellos apenas llegan a un par de hectáreas, pero sí beneficia a los grandes productores que desmontaron cientos o hasta miles de hectáreas.
También duda de que el objetivo de ampliar la producción de alimentos se cumpla por falta de un plan alimentario, al igual que el de reforestación por las limitaciones operativas de la ABT.
Para Tejada, con la autorización de desmontes, al aplicar esa norma se ignoró la legislación forestal y las leyes que contemplan derechos indígenas.
Las primeras 30 carpetas para la probación de 18.500 hectáreas de desmontes en la Chiquitania y el Chaco fueron entregadas por Fegasacruz a la ABT, en abril pasado.
TAREA DE KÖHLER
En octubre de 2014, Rolf Köhler sustituyó sorpresivamente a Cliver Rocha como director de la ABT) y de inmediato comenzó una evaluación general. Garantizó continuidad en las políticas del Gobierno, que comprometió agilizar desmontes para desarrollar el sector agropecuario cruceño.
Su postulación por el MAS a un cargo edil suspendió la tarea, pero fue retomada al regresar a la ABT.
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