Nuevamente aparecieron más de 100 vicuñas muertas pero, esta vez, en la jurisdicción del municipio de Colcha K, provincia Nor Lípez del departamento de Potosí.
El hallazgo de los animales muertos, según la asesora del municipio, Lizmila Pardo, se evidenció el 14 de septiembre por diferentes sectores de alrededor del Salar de Uyuni.
A raíz de la matanza de las vicuñas, el alcalde del municipio, Segundino Quispe, decidió declarar estado de emergencia con la finalidad de proteger a la fauna en vías de extinción.
“En los últimos meses se han registrado grandes cantidades de vicuñas muertas en los alrededores del salar más grande del mundo de la jurisdicción del municipio de Colcha K”, dice el documento emitido por el burgomaestre y entregado al periódico el Potosí.
La abogada dijo que el modus operandi de los cazadores inescrupulosos es acorralar a los animales y los matan con armas de fuego. Por lo general, se valen de la oscuridad para exterminar a estos animales.
Sin embargo, después de aniquilarlos, los cazadores les despellejan los cueros para llevarse la lana y, los restos de los animales, son dejados.
“Desconocen totalmente la normativa de protección y conservación emitida por el Estado, a través de la Constitución Política del Estado, artículo 108 numeral 14, Ley 1333 de Medio Ambiente, Código Penal, Decreto Supremo 0385 del 16 de diciembre de 2009, que tiene por objeto de reglamentar la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vicuña”, dice el documento en la parte final.
La asesora jurídica del municipio hizo referencia a que hace un mes, dos personas fueron detenidas por los comunarios, a quienes se les encontró en flagrancia cuando despellejaban a varias vicuñas.
Luego fueron puestos a disposición de funcionarios policiales y, finalmente, ante el Ministerio Público.
Actualmente, las dos personas están privadas de libertad en el penal de Cantumarca bajo el marco de la detención preventiva. El caso irá a un juicio oral contradictorio.
Protección de la fauna
La vicuña es una especie silvestre y ha sido considerada patrimonio natural y de dominio originario del Estado. Su conservación es de interés cultural, social, económico y ecológico. Por los aspectos definidos, la ley prohíbe la caza, transporte y comercializaron de esta especie, ya sea viva o muerta.
El alcalde Segundino Quispe afirmó ayer que los comunarios están pendientes de lo que pueda ocurrir para detener a cazadores.
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