Un campanazo de alerta medioambiental han dado las familias de los valles cruceños, pues en el curso alto hasta el momento no han podido pescar sábalo, dorado y pacú para su subsistencia debido a que en los cajones del Río Grande, cerca de Abapó, una empresa extractora de áridos ha levantado un dique para permitir el paso de los camiones por medio cauce para recoger ripio de la ribera sur. Ese obstáculo no permite que los peces suban a las nacientes del río a desovar.
Ante la emergencia, el asambleísta por Vallegrande, Alcides Vargas, pedirá un informe hoy a la Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Gobernación para que inicie una investigación y dé con los culpables que están cortando el ciclo de vida de las distintas especies ictícolas del Área Natural de Manejo Integrado Río Grande-Valles Cruceños, donde los pobladores usan el pescado como única fuente de proteína.
“La gente que vive en las comunidades de la ribera del Río Grande no pesca con redes ni usa dinamita, solo es para la subsistencia, por ello está muy preocupada porque la temporada de desove de los peces es de abril a octubre y hasta ahora no han llegado los cardúmenes. Pediré sanciones ejemplares para los que están atentando contra ese ecosistema”, manifestó Vargas.
Denuncias
El sábado, una comisión de la Dirección de Conservación del Patrimonio Natural (Dicopan) verificó en el lugar, a 8 kilómetros de Abapó, la existencia de un campamento y la ampliación del camino, que antes era una brecha, para lo cual han talado árboles ribereños, y la excavación de un canal de desvío del cauce del río.
El pescador y guía turístico Juan Carlos Álvarez lamentó que debido a la colocación de un dique los peces no hayan pasado río arriba. “Entre mayo y agosto cada año se ven cardúmenes de sábalo, boga, bagre, dorado, blanquillo, muturo, pira y sardina, pero hasta hoy los peces no han pasado por los cajones del río”, añadió.
Asimismo, Adalid Mariscal, que es propietario de la hacienda Itaguazutí, que queda en la banda de enfrente, en la jurisdicción del municipio de Gutiérrez, señaló que desde el año pasado viene peleando con Juan Carlos Escalante, que sería el propietario de la chancadora, pues la excavación del canal afecta a su propiedad, donde su ganado baja a tomar agua y queda enfangado.
Competencias
Verificado el daño medioambiental se buscó el origen del permiso de explotación de áridos. Primero se apuntó a la comuna de Cabezas, cuyo alcalde, Rodolfo Vallejos, afirmó que dieron el permiso, el cual no quiere decir que debía comenzar la extracción del material. “Se otorgó el permiso porque el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) autorizó la explotación del tercio medio del cauce y dio las coordenadas a la empresa de Escalante”, indicó el burgomaestre.
Jorge Campos, del departamento de Cuencas del Searpi, aclaró que pasaron al municipio de Cabezas las coordenadas del tercio del río donde se puede explotar áridos. “Eso no quiere decir que puede comenzar la explotación, se deben seguir los pasos para lograr la aprobación de la licencia ambiental”, añadió.
Asimismo, Wálter Caballero, del departamento de Obras del Searpi, dijo que es ilegal el canal excavado en la orilla apegada al municipio de Cabezas, pues en esa zona el río solo ha sido canalizado cerca de Abapó para evitar una inundación.
Por su parte, la directora de Calidad Ambiental de la Secretaría de Medioambiente de la Gobernación, Érica Plata, aclaró que la empresa denunciada no posee licencia ambiental, la cual se obtiene luego de la aprobación del plan de manejo de áridos del municipio, en este caso Cabezas.
“El informe se remite a la Gobernación, que manda al Viceministerio de Recursos Hídricos para el dictamen técnico, de allí nuevamente la Gobernación lo manda al Searpi y si se contemplan desmontes también debe intervenir la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), pero nada de eso se ha hecho, por tanto esa explotación es ilegal”, aclaró Plata.
Pero, como esta factoría está dentro de una reserva, Dicopan debe intervenir. El funcionario Éber Menacho manifestó que hay daño medioambiental por el desvío del río. “La magnitud del daño se medirá luego de analizar los informes técnicos, legales y cartográficos”, dijo.
Los vecinos de Abapó señalaron que la puerta de ingreso a la reserva era mediante un camino, pero ahora ha sido ampliado, por ello la ABT ha enviado una comisión para detectar cuántos árboles fueron derribados y dar su informe.
Siete municipios harán el reclamo
La mancomunidad de municipios Río Grande-Valles Cruceños, que preside el burgomaestre de Vallegrande, Casto Romero, enviará hoy una denuncia a la Gobernación y a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para que mande paralizar la explotación de áridos en la zona de Abapó, pues esa práctica está matando las cuencas media y alta ante la escasez de peces y el inminente peligro de su extinción.
Aunque el municipio de Cabezas está en el ojo de la tormenta, los demás que componen la mancomunidad, es decir, Vallegrande, Postrervalle, Samaipata, Moro Moro, Pucará y Gutiérrez, están en emergencia porque alrededor de 500 familias que viven en las orillas del río se quedarán sin parte de su alimento; y el problema puede llegar a Chuquisaca, que ocupa la cuenca alta.
“Las comunidades guaraníes de Gutiérrez y Lagunillas y los campesinos de los valles se proveen de pescado del Río Grande, pero en lo que va del año no han logrado pescar y eso es una catástrofe”, señaló el alcalde vallegrandino.
“Pedimos a la Gobernación que se busque a los culpables y que se los sancione de acuerdo a ley, porque están ocasionando un daño al medioambiente que puede ser irreversible”, añadió Romero.
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