Las denuncias de casos de abigeato suman en el oriente boliviano. Las cifras sobrepasan los 1.400 casos en el país de las cuales se estima que más del 75% corresponden a Santa Cruz.
La situación alerta a los ganaderos pues, aparte de registrar pérdidas millonarias, la mayoría de los acusados por abigeato son liberados por los fiscales y jueces.
Los últimos datos señalan casos de robo de ganado en Puerto Suárez, Guarayos y Yacuiba; sin embargo, no hay ni un solo detenido.
Un caso especial es el de la hacienda Paso de los Toros (PT) de propiedad del veterinario Óscar Fidel Tarabillo, en la que desaparecieron 600 cabezas de ganado de la raza nelore valorado en unos $us 300.000. Una jueza cautelar de la jurisdicción de Puerto Suárez (M.R.G.) emitió una orden que liberó ganado supuestamente secuestrado por orden de la Fiscalía. En este caso hay seis investigados y cuatro imputados.
El Ministerio Público de Santa Cruz denunció a la juez cautelar por incumplimiento de funciones y entorpecer las investigaciones. Además cursa una denuncia contra la mencionada jueza en el Ministerio de Transparencia.
Según el abogado del predio afectado, Juan Pablo Peña Martínez, la denuncia está debidamente respaldada. Argumentó que en la propiedad denominada Victoria Santa Rita, sobre el Km 68 camino a Puerto Busch, el investigador junto a una delegación de la Policía, el propietario y el entonces representante del Ministerio Público, Dr. Freddy Larrea, verificaron los hechos.
En esa oportunidad se encontró un hato de 100 cabezas de ganado con la marca PT en el lomo, algunas remarcadas y otras soprepuestas con exposición a quemadura de fierro reciente, tomando las fotografías del caso, así como los fierros (marcas y sellos), armas de fuego y cueros de animales con las mismas marcas, en debida acta firmada por la esposa del propietario y el casero de la propiedad, juntamente con el abogado que los patrocinaba.
“Con tal fundamento el fiscal ordenó su secuestro. Cómo es posible que ahora una jueza dé curso a la venta de animales. Vamos a plantear una recusación contra la magistrada y llegaremos hasta las últimas consecuencias con el objetivo de frenar los ilícitos”, dijo Peña.
Guarayos
Mariluz Áñez, dueña de la propiedad Icarupri Bae en Guarayos, fue víctima del robo de 109 cabezas de élite nelore. La denuncia fue sentada en el Ministerio Público, pero hasta el momento no logró recuperar su ganado, al contrario, la afectada dijo que uno de los acusados ya vendió algunas cabezas al centro de remates Fercogan y a menonitas.
“Hay dos detenidos. Uno de ellos pidió libertad. No hay avances, y el fiscal asignado al caso no pasó los datos exactos al juez. Nosotros estamos denunciando al fiscal”, agregó Áñez.
Según se pudo conocer, existe un detenido en el penal de Palmasola. El acusado era funcionario del Senasag.
Consumo de carne robada
La localidad fronteriza de Yacuiba también sufre por el abigeato.
Según la titular de la Asociación de Ganaderos del Chaco (Asogachaco), Beatriz Ruiz de Palacios, siempre han habido casos de abigeato, pero estos son solucionados entre partes y no llegan a instancias judiciales.
“Siempre se sabe quiénes son los ladrones, pero arreglan entre partes”, dijo la dirigente.
Por otro lado, en el sector de los mataderos se comenta, sin llegar a delatar a nadie, que se faenan reses ajenas regularmente, es decir que se ofrece carne a la población sin los controles fitosanitarios requeridos por el Senasag.
En todo el país se estima que hay más de 1.400 denuncias (casi el 50% más que en 2010) que ocasionan pérdidas anuales por un valor de $us 2,5 millones, según la Confederación de Ganaderos de Bolivia.
El expresidente de Fegasacruz Juan Carlos Peredo criticó hace un mes al Ministerio Público y a los jueces por no aplicar la ley con rigor.
Denuncias contra jueces
El ministro de Gobierno, Carlos Romero alertó que la justicia boliviana está en su peor momento. Acusó a los jueces de liberar a varias personas involucradas en actividades ilícitas.
Por su lado, el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas, señaló que desde el inicio de la gestión hasta la fecha, la Comisión de Justicia Plural recibió más de 40 denuncias contra jueces, fiscales y vocales por los delitos de incumplimiento de deberes, corrupción y retardación de justicia, las mismas que fueron remitidas a las oficinas correspondientes para su procesamiento. Durante la gestión pasada, cuatro jueces fueron destituidos, hubo 20 suspensiones, ocho fueron multados y siete amonestados
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